Compliance Penal de los Centros Educativos
COMPLIANCE PENAL
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fruto tanto del incesante proceso de armonización internacional del Derecho Penal como de la sentida necesidad de dar una respuesta más eficaz al avance de la criminalidad empresarial, fundamentalmente en el marco de la delincuencia económica.
La responsabilidad penal de la empresa también puede afectar a los centros educativos
Por tanto, es muy importante introducir programas de Compliance en la empresa titular del colegio o colegios, como conjunto de normas de carácter interno, establecidas a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados. Podemos ayudarle en la introducción de un completo programa de Compliance en su empresa, que desarrollaremos en seis fases:
Las seis fases de nuestro programa de Compliance:
Estudio del Negocio. Cuestionarios de riesgos internos y externos. Análisis y Gestión de los riesgos de Compliance Manual de Compliance y del Código de Conducta Establecimiento de un Canal de Denuncias Mantenimiento del sistema
¿Por qué es importante un programa de Compliance para un colegio?
Porque los centros escolares, como personas jurídicas, podrían llegar a ser responsables, entre otros, de delitos como:
Corrupcción de Menores Descubrimiento y revelación de secretos Delitos contra la Propiedad Intelectual Estafas y fraudes
Es fundamental una correcta formación de la voluntad de la organización respecto a las acciones a emprender ante una situación de riesgo penal, de forma que se garantice la defensa de sus intereses teniendo en consideración la normativa legal y su situación procesal. Este plan funciona como mecanismo capaz de ayudar a los empleados y miembros de la organización en la prevención de delitos, pues les proporcionará un mecanismo capaz de identificar conductas y procedimientos punibles penalmente, tanto propios como de terceros, y que ocurran en el seno de la organización o de sus actividades.